Sánchez corrigió la ley Montero para impulsar la «reinserción» de violadores pero apoyó la rebaja de penas

Pedro Sánchez ya admite abiertamente que la ley del sólo sí es sí necesita «ajustes técnicos». Moncloa está a la espera de profundizar en la sentencia del caso Arandina -de la que sólo se conoce el fallo-para avanzar en esos retoques. Desde que entró en vigor, hace sólo dos meses, la norma estrella de Irene Montero ha provocado la revisión de penas a medio centenar de delincuentes sexuales, y hasta una decena de excarcelaciones. Lo cierto es que el propio Sánchez, que ahora se dispone a hacer una reforma a contra reloj, dio su aprobación a la ley, que salió del Consejo de Ministros en julio del año pasado. Tampoco puso objeciones a la merma de las penas, pese a las advertencias de los jueces sobre sus previsibles consecuencias.

Eso sí, el PSOE firmó una enmienda conjunta con Podemos para promover los programas orientados a la «reinserción» de los delincuentes sexuales, poniendo así el foco en la polémica rehabilitación de los agresores y no en proteger a las víctimas. La enmienda, que fue aprobada e incorporada al texto final, promovía así la integración social de los agresores sexuales. Según el Ministerio del Interior, la reincidencia de estos condenados se sitúa entre el 4,23% y el 7,1% en España. Otros estudios, sin embargo, la elevan hasta el 20%.

Treinta enmiendas

De hecho, el PSOE presentó 30 enmiendas con Podemos, y sólo una en solitario, en la que el partido proponía elevar las penas por promover la prostitución. Entre las enmiendas compartidas con Podemos, el PSOE defendía ampliar las campañas de concienciación así como la formación en violencias sexuales de los funcionarios y abogados. También uso de dispositivos telemáticos -brazaletes-para el control del cumplimiento de penas y de las medidas de alejamiento.

Hasta ahora, Moncloa había callado sobre la posibilidad de reformar la ley. Una decisión que a buen seguro provocará una nueva crisis con Podemos. Los retoques serán puntuales, según fuentes gubernamentales, y se harán después de que el Tribunal Supremo se vuelva a pronunciar y establezca ya jurisprudencia. El Alto Tribunal emitió una primera comunicación después de fallar sobre el caso Arandina, avaló rebajar las penas a los condenados en virtud de la nueva ley aunque insistió en que se debe analizar caso a caso.

La norma ha provocado una incomodidad no disimulada en el PSOE y en el propio Ejecutivo. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la más crítica y este mismo fin de semana ya avisó que la ley «tiene lagunas» que deben corregirse porque el objetivo debe ser «proteger a las víctimas».

Hasta el momento, tanto el presidente del Gobierno se había limitado a defender con énfasis la ley. Hace sólo unos días, en la inauguración del XXII Congreso de la Internacional Socialista de Mujeres, el jefe del Ejecutivo señaló que la norma «tiene como principal objetivo reforzar la seguridad de las mujeres frente a las agresiones sexuales y que nunca más una víctima sea cuestionada». El líder del PSOE destacó que la controvertida ley «forma parte de un largo camino, recorrido por todas las mujeres españolas, desde la sociedad civil, las organizaciones, la judicatura y las administraciones».

Cabe recordar que en su elaboración colaboraron hasta tres ministerios del PSOE -Justicia, Interior y Política Territorial- y que todos los departamentos presentaron sus alegaciones durante el proceso de tramitación. La norma pasó así por los ministerios hasta ser aprobada, finalmente, por todo el Gobierno en el Consejo de Ministros del 6 de julio de 2021.